Escaso desarrollo de los Servicios Sociales domiciliarios

Aunque la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios mejoran respecto al año anterior (9 de 14), resulta preocupante el escaso desarrollo de los servicios que deberían dar soporte a la estrategia de desinstitucionalización recientemente aprobada por el Ministerio.

La cobertura del servicio de Ayuda a Domicilio apenas ha variado desde el año 2010: sólo 8 décimas, del 4,7% al 5,5% de personas mayores de 65 años (7,6% si la referencia es sobre mayores de 70 años). Su intensidad es también muy baja, con una media de 20,2 horas mensuales, sólo 3,3 horas más que en 2010, y casi una hora menos que en 2012.

Si atendemos sólo a La Ayuda a Domicilio que se ofrece como prestación de derecho en el Catálogo de la Dependencia, su intensidad media es de 33,6 horas/mes: 15,3 horas para los dependientes Grado I, 37,1 para los Grado II y 57,3 para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos, lo que es claramente insuficiente ya que, según considera la propia Ley, son personas que necesitan apoyo permanente para todas las actividades básicas de la vida diaria. El panorama de los otros dos servicios no es menos preocupante:

En materia de relevancia económica de los servicios sociales públicos, este es el panorama en 2022 -último año con datos oficiales del presupuesto liquidado-:

-        512,0 € fue el gasto en servicios sociales que hicieron las administraciones en 2022.

-        10,24% es el porcentaje que supuso sobre el presupuesto total de las administraciones.

-        1,81% es el porcentaje del PIB que España destina a Servicios Sociales públicos.

Desde 2014 se incrementa el gasto que realizan las Administraciones Públicas en servicios sociales. En 2022 este incremento fue de 49,3 € respecto al año anterior (+ 10,7%). También se incrementa casi un punto el porcentaje del presupuesto que las Administraciones destinan a servicios sociales, pasando del 9,27% en 2021 al 10,24% en 2022. No obstante, el porcentaje del PIB que supone este gasto se reduce por segundo año consecutivo, y se sitúa en 1,81%,

La participación de las Comunidades en la financiación del Sistema ha aumentado 3,3 puntos en los dos últimos años, pero la tendencia desde 2012 es claramente decreciente: ese año era 85,3%, y en 2022 12,6 puntos menos (72,7%). El incremento de los dos últimos años puede ser debido al aumento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en materia de Dependencia (600 millones más cada año) que repercute en el presupuesto de las Comunidades.

Año tras año se ponen de manifiesto las grandes diferencias entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia.

Sin considerar las Comunidades con régimen foral, como País Vasco, con 961,9 € de gasto por habitante en servicios sociales, encontramos diferencias tan importantes como Extremadura, con 633,0 €, un 72,6% más que en Murcia, con 366,8 €. El porcentaje del PIB regional que las Administraciones Públicas de Extremadura destinan a Servicios Sociales (2,96%), triplica el que destinan las Administraciones Públicas de la Región de Murcia (1,02%).

- El número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (5.645) es más de ocho veces superior a Navarra (684).

- El %de plazas residenciales públicas para personas mayores de 70 años es 4,7 veces superior en Castilla y León (8,22%) que en Valencia (1,76%).

- El 23,4% de las personas mayores de 70 años tienen teleasistencia domiciliara en Castilla-La Mancha, diez veces más que en Extremadura (2,15%).