El presupuesto de las CCAA es cada vez menos social (-9p)

La desigualdad en los servicios que las Comunidades ofrecen a su ciudadanía queda patente al analizar su inversión den políticas sociales: Madrid (2.464), Cataluña (2.942) y Murcia (3.008), las Comunidades que menos invierten en políticas sociales. Navarra (4.161), País Vasco (4.079) y Extremadura (3.960) las de mayor inversión.

Sólo uno de cada diez euros de aumento de los presupuestos autonómicos en 2023 se destinó a políticas sociales (Sanidad, Educación, Servicios Sociales)

En 2023 los presupuestos de las Comunidades aumentaron en 15.469,3 millones de euros, mientras que la inversión en políticas sociales sólo aumentó en 1.946,6 millones.

Año tras año las Comunidades Autónomas destinan menos porcentaje de su presupuesto a políticas sociales, si en el año 2010 eran 2 de cada 3 euros destinados a estas políticas, en el año 2023 se han reducido en 9p porcentuales la cantidad destinada a educación, sanidad y servicios sociales. Esta tendencia se ha agudizado en 2023, donde se produjo un fuerte incremento de los presupuestos de las Comunidades Autónomas (+15.469 M€) y, sin embargo, sólo el 12,58% de esta cantidad (1.946,6M€) se destinaron a políticas sociales.  La C. de Madrid es la Comunidad Autónoma que menos invierte en políticas sociales. Cada habitante de esa Comunidad recibe 660 € menos en políticas sociales que la media nacional.

Los recortes realizados en políticas sociales a partir del año 2010, y que fueron especialmente drásticos en 2013 condujeron a que, en ese año 2013, se registrase el nivel más bajo en gasto autonómico en servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), con menos de 100.000 millones de euros. Desde el año 2014 y hasta el año 2020, se han ido registrando aumentos en los presupuestos liquidados del conjunto de las comunidades autónomas. En los años siguientes, fruto de la gestión de la pandemia, ha ido aumentando en gran medida el gasto social hasta los 149.636 millones de euros del presupuesto liquidado del año 2022. Haber contado con Presupuestos Generales del Estado ha propiciado el aumento de inversión en políticas sociales, aunque no ha sido igual en todas las comunidades autónomas.

Sin embargo, el porcentaje del presupuesto que se dedica a políticas sociales tiene una tendencia a la baja desde el año 2010, donde el porcentaje del presupuesto dedicado a políticas sociales fue de 67,4%, mientras que en el año 2023 fue de 58,4% actuales. Si se hubiera destinado el mismo porcentaje que en 2010, se hubieran invertido cerca de 23.000 millones de euros más en 2023.

Aunque la crisis sanitaria y social provocada por el covid19 demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las CC.AA. sólo ha sido el 9,1% entre 2020 y 2023 (0,2% en sanidad, 16,8% en educación y 33,5% en servicios sociales), mientras que el incremento del gasto en el resto de políticas fue el 55,7% en ese mismo periodo (6 veces más). Ello evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las Comunidades Autónomas.

Han tenido que pasar 14 años y una pandemia para recuperar el gasto social. Pero su peso en los presupuestos autonómicos es cada vez menor.

Desde 2009 todas las comunidades autónomas han incrementado su inversión en el conjunto de áreas que nos ocupa. Destacan Baleares con un incremento por habitante +47%, continuando con la Comunidad Valenciana (+41%), Asturias (+40%) y Extremadura (casi un 40%). Estas 4 comunidades autónomas han incrementado en más de 1.000 euros por habitante su inversión en políticas sociales.

Las diferencias en el gasto por habitante en políticas sociales entre Comunidades Autónomas oscilan entre 2.464 € en Comunidad de Madrid y 4.161 € en Navarra o 4.079 € en País Vasco. Entre las Comunidades de Régimen Común, destacan Extremadura (3.960 €), Asturias (3.681 €) y Cantabria (3.546 €). A la cola de inversión económica en Políticas Sociales por habitante en 2023 se encuentran Cataluña (2.942 €) y la Comunidad de Madrid (2.464 €).

Los 116,9M de € en 2009 sólo se superan en 2019 (122,5M €), y en los años posteriores. Sin embargo, también se va incrementando la deuda pública, con un incremento de más de 16 puntos en el período entre 2019 y 2020. Esto supone una inversión de 3.124,49 € por habitante en política sociales (sanidad, educación y servicios sociales) en el conjunto de Comunidades en 2023, es decir, sólo es un 23% superior al de 2009. Sin embargo, el mayor incremento del gasto autonómico se produce en el coste la deuda pública, con más de 16 puntos entre 2019 y 2020.

El mayor descenso en el porcentaje del presupuesto destinado a Sanidad se produce entre el año 2012, cuando significaba el 37,3% del presupuesto total de las Comunidades Autónomas, al 30,6% que representó en 2023 (6,7 puntos menos). En Educación esta diferencia se encuentra entre el 23,9% del presupuesto total que recibió en el año 2010, y el 20,2% en 2023 (3,7 puntos menos). Los Servicios Sociales fue la única política social que ha visto incrementar el porcentaje que recibe de los presupuestos autonómicos, aunque sólo con 3 décimas más en 2023 (7,6%) que en 2011 o 2019, cuando supuso el 7,3%.

 Es destacable que el mayor aumento en el gasto autonómico ha sido en el pago de la deuda, multiplicándose casi por cinco su coste total y aumentando en 704,9€ por habitante, limitando así la capacidad de las Comunidades para incrementar su gasto en sanidad, educación y servicios sociales. que aumentaron sólo un 23,2%, 589€. Es cierto que desde el año 2020, cuando alcanzó su nivel más alto (1.163.3€ por habitante), no ha dejado de descender hasta lo 854,3€ de 2023. No obstante, para valorar lo que supone el coste de la deuda y su impacto sobre el gasto social, basta decir que en el año 2009 el coste de la deuda por habitante fue sólo de 149,4€, mientras que a Servicios Sociales se destinaron 257,9€, es decir, 108,5€ más; sin embargo, en 2023 el coste de la deuda fue de 854,3€ por habitante, mientras que a Servicios Sociales se destinaron 407,2€, es decir, menos de la mitad. Esto quiero decir que si en 2023 se hubiera mantenido el coste de la deuda que existía en 2009, con ese ahorro se podría haber duplicado el gasto en Servicios Sociales (incluida la atención a la dependencia).

José Manuel Ramírez. Presidente Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

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