El Círculo Empresarial de Cuidados a Personas en Andalucía, CECUA, ha celebrado su Asamblea general ordinaria, con el objetivo de analizar la actualidad del sector de los cuidados y abordar los retos que afrontan las empresas prestadoras de servicios. 

La sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ha sido el lugar donde se ha celebrado esta cita anual que ha servido para poner sobre la mesa las necesidades de acelerar la trasformación en la organización, gestión y atención en los cuidados, para garantizar la viabilidad del sistema y la estabilidad de un tejido empresarial que persigue “la dignificación y mejora de la calidad de vida de las personas usuarias y profesionales”. 

Tras la Asamblea general, en la que se han aprobado los presupuestos y el plan de gestión para el ejercicio de 2024, ha tenido lugar una nueva jornada del círculo de encuentros “La Industria de los Cuidados en el diálogo social”, organizada nuevamente por CEA y CECUA, abordando en esta ocasión los retos de la negociación colectiva y diálogo social del sector sociosanitario en Andalucía. En la bienvenida de este encuentro ha participado Luis Fernández-Palacios, secretario general de la CEA. 

La ponencia introductoria “Contexto de la negociación colectiva en el ámbito nacional” ha sido a cargo de Paco Carretero, socio director de Vallbé, quien ha puntualizado los principales retos de este mecanismo fundamental del diálogo social “base del mantenimiento de buenas relaciones sociales para fijar las condiciones de trabajo y productividad”. 

A continuación, se ha celebrado la mesa redonda Negociación colectiva en Andalucía en la que han participado Andrés Rodríguez y Rafael Peinado, presidente y vocal de CECUA, respectivamente, junto a José-Pelayo Galindo, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, y Ana Francés, secretaria federal de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT Servicios Públicos. Han abordado tanto el VIII Convenio Colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, así como el I Convenio colectivo del sector de ayuda a domicilio de Andalucía.

Desde la patronal andaluza se valora que “precisamos un nuevo orden sectorial, financiero y normativo en el sector. Para garantizar la sostenibilidad en los próximos diez años, es necesario poner sobre la mesa medidas urgentes y reales” para ello destaca que “las transformaciones sectoriales tienen que llegar con acuerdos del sector público, agentes sociales y patronales”. 

CECUA, pone sobre la mesa la necesidad de alcanzar equilibrios, mediante una estabilidad normativa y una financiación justa, que repercuta en una estabilidad capaz de generar empleos de calidad, que haga posible encontrar y retener talento en el sector de los cuidados. 

Para concluir la jornada, Rocío Barragán Barragán, directora general de Mayores, Participación Activa y Soledad No Deseada de la Junta de Andalucía, ha clausurado esta nueva cita de los encuentros “La Industria de los Cuidados en el diálogo social” junto a Andrés Rodríguez, presidente de CECUA. 

Andrés Rodríguez, presidente de CECUA ha agradecido el apoyo y la gran respuesta que ha tenido nuevamente el encuentro “lo que demuestra el compromiso de un sector con gran vocación de servicio y predisposición para adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad”, para concluir ha destacado que “es necesario encontrar mecanismos que vinculen las tarifas y las concesiones vigentes a las variaciones de los costes reales”. 

La patronal andaluza de los cuidados destaca la elevada capacidad de generación de empleo del sector “por cada millón de euros de gasto público en atención a la dependencia se generan 41 empleos directos” por lo que considera que es un sector estratégico “es necesario abordar la evolución que está viviendo el tejido económico y empresarial, con el objetivo de fijar condiciones de trabajo y productividad que mejoren la calidad de vida de los profesionales, que permita fijar la población al territorio, sobre todo, en zonas rurales” concluye que “para ello es obligado revisar los precios que las administraciones pagan por estos servicios, muy por debajo de los costes razonables”.

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