El nuevo Decreto sobre el servicio del hogar familiar crea problemas

Las empresas prestadoras de Servicios de Ayuda a Domicilio, representadas por CECUA, Círculo Empresarial de Cuidados a Personas, y ASADE, Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio, ante la reciente aprobación del Real Decreto 893/2024, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar manifiestan que “los cambios normativos deben llegar fruto al diálogo y consenso, contando con las entidades del Tercer Sector ya que su conocimiento de la realidad evitaría crear problemas que no existen”.

Este Decreto incluye una disposición adicional decimotercera que afecta directamente a los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD), una medida que las empresas prestadoras de estos servicios consideran altamente perjudicial para el sector y para las personas más vulnerables que dependen de estos cuidados.

La normativa, en su intento por regular la seguridad y la salud en el entorno del hogar familiar, confunde y mezcla la actividad de las personas empleadas del hogar con la de los profesionales especializados en la ayuda a domicilio. Esta confusión genera una gran inseguridad jurídica que pone en peligro tanto a las empresas que prestan estos servicios como a los profesionales del sector, las familias y, sobre todo, a las personas usuarias que dependen de estos cuidados.

El sector viene apostando por la profesionalización y considera que incluir a las auxiliares de ayuda a domicilio en la misma regulación que las empleadas domésticas, supone un claro retroceso, por lo que el Real Decreto “confunde ámbitos laborales y profesionales”. En esta línea, desde la patronal destacan que el gobierno olvida que el colectivo de ayuda a domicilio “ya está regulado por la legislación común y cuenta con un ámbito de negociación propio donde están representadas las empresas especializadas en la prestación de estos servicios y los sindicatos, con un convenio específico”.

Un sector esencial para la atención de personas vulnerables

CECUA y ASADE recuerdan que el sector de la ayuda a domicilio es un servicio esencial y profesionalizado, que genera empleo ofreciendo una salida laboral para muchas personas, en su mayoría mujeres, que atiende a personas mayores y dependientes con el objetivo de que puedan mejorar su calidad de vida y mantener su autonomía en sus propios hogares.

El nuevo Real Decreto, al equiparar las responsabilidades de las empleadas del hogar con las de los profesionales de la ayuda a domicilio, ignora la naturaleza pública de este servicio y los altos estándares que ya se aplican en cuanto a la seguridad y la salud laboral. Las empresas del sector cuentan con servicios de prevención propios o mancomunados, reconocimientos médicos periódicos, protocolos adecuados ante situaciones de riesgo, comités y delegados de prevención, así como equipos de protección individual, entre otras medidas.

Una medida sin consenso que genera más problemas

"Lejos de solucionar los problemas de seguridad y salud en el trabajo, que ya están correctamente regulados en nuestro sector, el Decreto genera una gran inseguridad jurídica. Obliga a las empresas a asumir responsabilidades imposibles de cumplir, como la modificación de los domicilios de los usuarios para garantizar la protección más adecuada", señalan desde CECUA y ASADE.

Esta situación no solo genera incertidumbre para las empresas prestatarias de los servicios de ayuda a domicilio, sino que también impacta negativamente en los profesionales del sector y, lo que es más grave, en las personas usuarias que dependen de estos cuidados. La ambigua redacción del Decreto, que impone a las empresas la obligación de adoptar "cuantas medidas resultasen necesarias" para garantizar la seguridad y la salud en el domicilio, es, según las empresas prestadoras de estos servicios, técnica, económica y operativamente inviable.

Las patronales subrayan la necesidad de que cualquier medida que afecte al sector de los cuidados a domicilio se acuerde mediante el consenso entre todos los actores implicados: entidades prestadoras de servicios, profesionales del sector, familias y organismos públicos. "Solo a través del diálogo social se evitarán las consecuencias adversas que ya estamos empezando a vislumbrar como resultado de la falta de consenso en la elaboración de este Decreto", aseguran los representantes empresariales.

Además, exigen que el Gobierno escuche las voces autorizadas del sector antes de legislar sobre aspectos clave de la prestación de estos servicios. Las patronales también solicitan una mayor coordinación entre los ministerios implicados, como el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que recientemente ha lanzado una Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados. Según las patronales, esta estrategia entra en contradicción con el contenido del Real Decreto 893/2024, lo que evidencia la falta de coherencia en las políticas públicas destinadas a los cuidados.

Una vez más ha vuelto a pasar, se aprueba nueva regulación sin venir acompañada de un análisis de viabilidad y de una adecuada dotación presupuestaria. Las empresas del sector ya operan bajo unos márgenes económicos muy ajustados, debido en parte a la Ley de Desindexación de Precios, que impide la actualización de los precios de los contratos públicos de prestación de servicios “no podemos seguir soportando incrementos de costes, cada nueva normativa debe venir acompañada simultáneamente de la dotación financiera que garantice la sostenibilidad del sector”.

CECUA y ASADE reiteran su compromiso con la seguridad de los trabajadores y la generación de empleo de calidad, así como con la calidad en la atención a las personas mayores y dependientes, pero concluyen que esta normativa lejos de permitir alcanzar los objetivos los dificulta por lo que insta “al Gobierno derogar el Real Decreto y abrir una mesa de negociación que permita encontrar soluciones viables a la medida de la realidad de las auxiliares del servicio de Ayuda a Domicilio”.

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