Amnistía Internacional alerta sobre violaciones de derechos en Italia

Así lo afirmó Amnistía Internacional en su última declaración pública, 'Libertad y dignidad: Observaciones de Amnistía Internacional sobre la detención administrativa de personas migrantes y solicitantes de asilo en Italia.

La directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Europa, Dinushika Dissanayake, manifestó que “la detención debe ser excepcional y una medida de último recurso. Sin embargo, en los centros que visitamos nos encontramos con personas racializadas que nunca deberían haber sido detenidas”.

También, sobre estas añadió que “son personas con problemas graves de salud mental, que buscan asilo debido a su orientación sexual o activismo político, pero que proceden de países que el Gobierno italiano designó arbitrariamente como seguros”.

En 2023, el Gobierno italiano adoptó medidas destinadas a ampliar el uso de la detención relacionada con la migración. Incluyó planes para la construcción de nuevos centros de detención, la ampliación del tiempo máximo de detención para la repatriación a 18 meses y la aplicación de "procedimientos fronterizos" a las personas que solicitaban asilo desde "países seguros", lo que dio lugar a la detención automática de personas en función de su nacionalidad, según explicó Amnistía Internacional.

A la luz de estos acontecimientos y de los informes reiterados de condiciones de detención y trato deficientes, Amnistía Internacional detalló que visitó dos centros de detención, Ponte Galeria (Roma) y Pian del Lago (Caltanissetta) en abril de 2024.

En los centros, los delegados se reunieron con personas de Túnez, Irán, Georgia, Marruecos, Perú, Egipto, Gambia y China, entre otros. Amnistía Internacional especificó las conclusiones de las visitas y destacó la información recabada a través de reuniones con autoridades, abogados y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

"El hecho de que las autoridades italianas no hayan establecido un sistema efectivo de alternativas a la detención, combinado con un proceso legal inadecuado supervisado por jueces no profesionales, está dando lugar a un abuso de la detención”, comentó Dissanayake.