Recurso de reposición contra el puesto de Comunicación en ADIF

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha presentado recurso de reposición contra la convocatoria de un puesto de Director/a de Comunicación y Reputación Corporativa en la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) mediante procedimiento de libre designación en Madrid.

El Colegio de Periodistas entiende que dicha convocatoria no se ajusta a derecho y es lesiva a los intereses de los miembros colegiados por vulnerar los arts. 70 y 76 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público al exigir Nivel C2 en otras lenguas cooficiales del Estado español diferentes al castellano. El CPPA destaca que establecer como mérito obligatorio esta titulación para un puesto con base en la Comunidad de Madrid, carece de base jurídica y supone un trato discriminatorio para los candidatos pertenecientes a Comunidades Autónomas que no poseen lenguas cooficiales, como es, en este caso, la andaluza. 

Según el CPPA esta convocatoria contraviene, asimismo, la Ley para la Reforma de la Función Pública de 1984, que en su art. 19 indica que en las convocatorias para el acceso a la función pública, «las Administraciones públicas, en el respectivo ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de funcionarios debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales».

Es decir, podrá exigirse el dominio de una lengua cooficial en el ámbito concreto de cada Comunidad Autónoma y solo respecto a la lengua cooficial que corresponda a cada territorio, pero no exigir dicho requisito (pues aunque se contemple dentro del apartado “méritos” se establece como deber de los candidatos), en una convocatoria de ámbito nacional. 

Cabe destacar que de acuerdo con el art. 3 de la Constitución la única lengua oficial en todo el Estado español es el castellano, respecto de la cual se impone el deber de conocerla y el derecho a usarla a todos los españoles, sin que sea posible, por tanto, su exclusión por parte de la normativa autonómica. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones con respecto a las lenguas cooficiales "respecto a las cuales no se prescribe constitucionalmente tal obligación".

Según el CPPA, a diferencia de lo que sucede en el sector privado, la selección de los empleados públicos ha de realizarse "en virtud de criterios objetivos, pues todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y ante su aplicación, de manera que la Administración no puede establecer preferencias discriminatorias o fundadas en razones subjetivas de unos sobre otros, y además, dichos criterios objetivos han de basarse en criterios de mérito y capacidad, puesto que la Administración está obligada a gestionar los intereses públicos con eficacia"  

Es por todo lo anterior que el CPPA considera innecesario por tanto exigir la titulación nivel C2 en cualquier lengua cooficial del Estado, para el desarrollo de un puesto de Director/a de Comunicación y Reputación Corporativa en Madrid, sin existir criterio objetivo que justifique este requisito.

El CPPA, manifiesta nuevamente su total disposición para con todas las entidades, tanto públicas como privadas, para la revisión previa de todas aquellas convocatorias de empleo relacionadas con la profesión e invita a todas ellas a sumarse al Compromiso Público por el Empleo y la profesión periodística.

Compromiso por el Empleo Público

El Compromiso Público por el Empleo y la profesión periodística fue aprobado en la Asamblea General del Colegio de Periodistas de Andalucía, en noviembre de 2016. En él se expresa que “las dinámicas de contratación establecidas en el pasado sin tener en cuenta la titulación no deben lastrar el futuro de esta profesión” por lo que el documento promueve este compromiso por parte de las instituciones en los siguientes puntos:

que para el desempeño de las funciones de información y/o comunicación propias del ejercicio del periodismo, a través de los gabinetes de prensa o direcciones de comunicación, incluido cualquier medio de titularidad pública, la persona que realice dichas funciones deberá contar con la titulación universitaria oficial correspondiente a la licenciatura o grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalentes;

• que para la realización de las labores de comunicación e información se doten puestos específicos y cuando esto no sea posible, se contraten tales servicios a empresas o gabinetes externos que tengan incorporados entre sus recursos humanos, para el desarrollo de labores propias de periodismo, a personal con la debida y arriba citada titulación;
• contribuir también en el marco de sus competencias a reducir la tasa de desempleo en el sector y a la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales, conscientes de la amenaza que suponen para el periodismo la situación de precariedad y desempleo que se registra en este sector.

El Colegio de Periodistas recuerda que es necesaria la implicación de las administraciones y las empresas públicas para evitar el intrusismo en la profesión periodística y garantizar el rigor necesario a la hora de desempeñar estas funciones, más aún tratándose de instituciones que deben rendir cuentas ante la ciudadanía y que se supone que hacen de la transparencia, la eficiencia y la eficacia principios clave en su actuación.

En este sentido, el CPPA recuerda que ni empresas ni instituciones públicas son libres para admitir una titulación cualquiera cuando el puesto requiera una particular preparación, ni asignar un nivel diferente para el desarrollo de unas mismas funciones; sino que, con respeto al mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución y al interés general, los puestos deben cubrirse con los trabajadores más cualificados para su desempeño y ser acordes al nivel profesional y retributivo correspondiente. 

El Colegio de Periodistas, como representante legal de la profesión en Andalucía, está a disposición de todas las administraciones públicas para revisar o aportar sugerencias a las bases de sus convocatorias de empleo para periodistas, contratación de servicios de comunicación, elaboración de RPT, pliegos y demás documentos relacionados con procedimientos públicos que incluyan el desarrollo de tareas informativas.

Al tiempo que advierte que permanecerá vigilante y pondrá todos los recursos a su alcance para poner freno al intrusismo y la precarización enquistada en la profesión y anima a dirigirse al Colegio para denunciar aquellas convocatorias que pueden ser lesivas a los intereses de los profesionales del periodismo y la comunicación audiovisual, para poder emprender las acciones oportunas. 

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