BBVA, principal cliente de empresa de Villarejo para encargos ilegales

Con un auto de pase a procedimiento abreviado de 268 páginas, la instrucción de la pieza separada 9 del 'caso Tándem' llega a su fin, y se plantea enjuiciar a otras doce personas, aparte de BBVA y González, incluyendo directivos de la entidad y mandos policiales. Por otro lado, se decide archivar las diligencias con respecto a once investigados.

El informe de la Fiscalía Anticorrupción es asumido por el magistrado, donde se detalla que el origen de los sucesos empezó con la contratación por parte del BBVA de Julio Corrochano, quien había sido comisario de Policía, en septiembre de 2002. Según el documento, dicha contratación fue avalada de manera clara por el presidente ejecutivo, Francisco González, y generó una conexión entre el banco y los antiguos colegas del mencionado policía, incluidos los comisarios en servicio José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.

Explicando cómo continuó el relato, el primer individuo, con un uso fraudulento de las oportunidades que le ofrecía su posición especial dentro del organigrama de las necesidades operativas de la policía, se benefició de ello y estableció una estructura empresarial para obtener ganancias aprovechando dicha posición única y la confianza ganada entre muchos de sus colegas policías; lo que le daba, entre otras cosas, acceso indirecto a todos los registros policiales, así como a bases de datos confidenciales a las que las fuerzas de seguridad tenían acceso.

Informado Julio Corrochano de esta 'doble' acción de su amigo y colega, José Villarejo Pérez, a través del Grupo Cenyt, comunicó al Presidente, Francisco González, la presencia de dicho 'irregular e ilegal' mecanismo, asegurando la discreción total y confidencialidad en caso de utilizarlo, lo cual, ante la falta de cualquier programa de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la institución, fue autorizado y permitido por el mismo, contando únicamente con un reducido grupo de Altos Directivos y Directivos de los servicios centrales corporativos de la entidad que estuvieran al tanto de ello, según indica el documento.

Como resultado de este hecho, se suscribieron una serie de acuerdos para implementar ciertos proyectos de inteligencia que abarcaban monitoreos, intervención de comunicaciones, revisión de registros de individuos o investigación de bienes de varias personas, incluyendo empresarios, abogados o periodistas.

Desde 2004 se llevaron a cabo los mencionados acuerdos, a veces verbales, al margen de la estructura legal del banco y con un "absoluto menosprecio por las regulaciones de control jurídico y contable de la institución."

Detallados en el automóvil se encuentran todos los encargos realizados por la entidad, así como los pagos efectuados al Grupo Cenyt. Se indica que a lo largo de diversos años investigados, el BBVA fue el principal cliente de la empresa de Villarejo. El juez considera probado que los implicados eran conscientes de que con esos contratos se estaba infringiendo la normativa interna de la entidad al contratar con una estructura societaria liderada por un policía en servicio activo, quien obtenía información mediante sobornos a funcionarios policiales aún en activo, además de lograr accesos ilegales a archivos confidenciales.

GONZÁLEZ FRANCISCO

En los audios intervenidos en los registros domiciliarios, los indicios existentes para el juez se pueden resumir en mostrar que no solo tenía conocimiento y aprobaba las actividades ilegales realizadas por Cenyt, para las cuales había sido contratada, sino que fue su orden expresa la que llevó a contratar a Villarejo, siendo él quien recibía los informes elaborados y tenía el control para que continuara la situación.

De la misma manera, afirma que fue la persona que solicitó que se empleara nuevamente para las pesquisas acerca de los empresarios Fernando Martín o Luis Portillo, así como el motivo de la realización del contrato de 2014 y la pesquisa sobre Felipe Izquierdo. “Además, la razón principal por la cual el BBVA no llevó a cabo el plan de prevención de delitos y dejó en evidencia lo sucedido era que todo se justificaba porque se trataba de ejecutar lo ordenado por el presidente”, declara.

Según el profesor, la última afirmación ofrecida por él reveló múltiples discrepancias complicadas de defender sobre su nivel de entendimiento de Cenyt, su interés en los temas contratados y los logros obtenidos por Cenyt.

La entidad financiera BBVA

Respecto a la entidad legal del BBVA, el juez indica que la investigación realizada hasta ahora en este caso separado ha revelado que se reúnen las condiciones para emitir una resolución de continuación según los procedimientos del juicio abreviado contra el Bando Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con el fin de que sea enjuiciado como entidad legal penalmente responsable al considerar que se cumplen todos los requisitos materiales, procesales y legales para llegar a esa etapa del proceso.

La referencia del magistrado hace mención a la doctrina judicial acerca de la cultura corporativa ética o cultura de obediencia como factor unificador en las diferentes teorías sobre la responsabilidad penal de las entidades jurídicas.

García-Castellón destaca en relación a la cultura de cumplimiento que la entidad jurídica investigada es una gran institución financiera, pública en la bolsa y sujeta a una doble regulación por parte de organismos supervisores, tales como el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España en lo referente a su función bancaria, y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en cuanto entidad con acciones en bolsa.

Desde el punto de vista del respeto a las normativas y su implementación en la estructura empresarial, adquirió relevancia el cumplimiento de disposiciones previas al surgimiento de la responsabilidad penal de la entidad, en aras de promover una buena gobernanza corporativa. No obstante, según los numerosos ejemplos presentados por el Ministerio fiscal, se constata que la Presidencia Ejecutiva y los Altos Directivos no acataban ni respetaban dichos códigos, lo que propició la transición de una cultura de cumplimiento a una cultura de sumisión a las directrices emanadas de estos cargos jerárquicos", concluye.

El magistrado considera que no es suficiente la mera presencia de un código de conducta alegado por el banco, sino que debe ser llevado a cabo y respetado. En otras palabras, "no es suficiente, en absoluto, con la existencia de la norma, ya que es crucial que dicha norma también se aplique, es decir, se respete. Por lo tanto, la cultura ética implica tanto comprenderla como honrarla, ya que no hay nada más contrario a la ética que, teniendo la norma, exista también una cultura de su incumplimiento sin consecuencias".

Y eso, añade, en un esquema de pirámide jerárquica en el ámbito laboral, donde es evidente la disparidad de roles entre la Alta Dirección y los colaboradores, llevó a establecer la premisa de que las directrices provenientes de la cúspide debían ser acatadas según la indicación de la Alta Dirección, sin importar si estas respetaban o no las normativas internas.

La ética cultural señalada por el juez implica que los recursos de la entidad deben ser utilizados únicamente en el ámbito propio de la institución, es decir, no se pueden destinar recursos de BBVA para actividades que no estén relacionadas con su función principal. Según la documentación presentada en las actuaciones, se observa que este modelo de conducta ética no fue respetado por la Presidencia Ejecutiva, ya que se ha comprobado que el Presidente Ejecutivo empleaba al personal de BBVA para asuntos personales. Esto se evidencia en las varias tareas que Francisco González Rodríguez encargaba a Joaquín Gortari, quien a su vez, en múltiples ocasiones, asignaba a Antonio Béjar, o que se producían directamente entre el Presidente y Antonio Béjar y otros empleados.

(SERVIMEDIA)

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